lunes, 18 de junio de 2012

DIAGNOSTICO -GERENCIA INDIGENA DE ANTIOQUIA-


SITUACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ANTIOQUIA (Resumen)
1.    LA POBLACIÓN Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ANTIOQUIA:
En Antioquia habitan más de 34.000 indígenas[1], de los cuales 29.200 pertenecen a los pueblos indígenas tradicionales Emberá (Eyabida, Chamí y Dobida), Gunadule (Tulekuna) y Senú, con 6.000 familias, que habitan en la zona rural. De esta población 14.849 son mujeres (48%) y 15.103 hombres (52%). Hay cerca de 160 comunidades rurales, en 31 municipios, la mayoría localizada en Urabá, occidente, suroeste y Bajo Cauca. La población indígena rural se duplicó entre 1993 y 2010, pasando de 14.186 (censo DANE) a 28.300 (censo Gerencia Indígena). 1750 indígenas habitan áreas urbanas de Arboletes y Bajo Cauca y se observa un aumento de indígenas Embera en las cabeceras de Mutatá y Dabeiba.  En Medellín y Bello, área metropolitana, habitan 3.300 indígenas procedentes de diversas regiones colombianas y Ecuador. En los últimos años han llegado 800 indígenas afectados por desplazamiento forzado a Medellín; y se presenta el problema de la mendicidad en temporadas festivas de cerca de 150 o 200 indígenas procedentes del Chocó, actividad asociada con trata de personas.
Grupo étnico Room (Gitano): son aproximadamente 70 personas organizadas alrededor de su Kumpania y se ubican en el municipio de Envigado, actualmente se dedican a la talabartería y a la compra y venta de caballos.
2.    Derechos indígenas, Plan de Desarrollo “Antioquia la más educada”, mandatos de la Corte Constitucional:
Los pueblos indígenas y Rom (Gitano) gozan del reconocimiento de sus derechos fundamentales y el Estado tiene el deber de proteger y fortalecer la diversidad étnica y cultural de la Nación. Antioquia es líder en la garantía de los derechos indígenas, mediante la política pública indígena Departamental, que fue concertada con la Organización Indígena de Antioquia –OIA- y aprobada por ordenanza 32 de 2004. En este marco de derechos, se debe destacar la medida extraordinaria del Auto 004 de la Corte Constitucional, considerando la afectación indígena por pobreza y marginalidad o por situación o riesgo de desplazamiento forzado en el marco del conflicto interno, que exigió vía consulta previa concertar un Programa de Garantías y Planes de Salvaguarda de fortalecimiento étnico para los  pueblos y población indígena de Antioquia. Estos planes deben quedar integrados en los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales.

3.    Organización y autoridades indígenas de Antioquia:
Hay 160 comunidades indígenas unidas en su autoridad local de Cabildo o Cacique, articuladas en 16 cabildos mayores municipales y asociadas en la Organización Indígena de Antioquia –OIA-, que ejercen su autonomía, su autoridad y jurisdicción especial, y gozan de reconocimiento y apoyo institucional. Se requiere apoyo institucional en: actualizar Planes de Vida (planes internos según aspiraciones de desarrollo propias) y manejo de transferencias de nación a Resguardos –SGP-; participar en planes desarrollo municipal y departamental y apoyo jurisdicción indígena en coordinación jurisdicción ordinaria. Se requiere fortalecer la coordinación y financiación institucional de la Política Pública Indígena (transversalidad) y la concertación con la OIA y las autoridades indígenas. Adicionalmente, las autoridades indígenas requieren de construcción, adecuación y dotación de las Sedes comunitarias, especialmente municipales, que cumplen funciones administrativas y de beneficio comunitario para los indígenas que llegan de lugares distantes y esta es su posibilidad de albergue. Adicionalmente, las autoridades municipales e indígenas requieren de apoyo para formular, financiar o cofinanciar los proyectos de desarrollo comunitarios indígenas.
4.    Familia indígena y equidad de género:
La familia es la base social y cultural de la sociedad, y la mujer y niñez son el grupo más afectado por exclusión y violencias en las comunidades indígenas. También es el grupo que está más privado de los avances en conocimientos y lecciones aprendidas a nivel internacional y local (Medellín) en políticas de familia e infancia. Hay casos notables de avances y empoderamiento de la mujer, como en karmatarua (Cristianía–Jardín) y Urabá, pero predomina a nivel regional la violencia y la impunidad contra las mujeres y los niños. Hacia la construcción de alternativas se debe valorar y fortalecer los programas de familia, niñez y equidad de género con la activa participación de las liderezas, grupos organizados de mujeres y autoridades indígenas.
Los principales problemas asociados a la familia: violencia intrafamiliar, abuso y violaciones sexuales, abandono de los niños y niñas, maternidad y paternidad precoz desde los 12 años en los Emberákatios; abandono de la jefatura del hogar, principalmente del hombre, sin cumplir con las responsabilidades con la familia; y problemas asociados a la crianza, entre otros. Un alto porcentaje de estas familias tienen como jefatura a madres cabeza de hogar que no cuentan con la mano de obra para establecer o mantener la producción en sus parcelas de pancoger ya que han sido abandonadas por sus compañeros y regularmente no tienen protección por la autoridad comunitaria (Cabildos). Un alto número de hombres cabeza de hogar abandona su parcela familiar y se dedica al jornaleo (incluso en lugares distantes en otros municipios), y en muchos casos destina gran parte de sus ingresos al consumo de bebidas alcohólicas y no lleva alimentos al hogar.
Forma parte de esta compleja problemática la crisis de la autoridad y de las normas comunitarias, donde se observa la debilidad o la ausencia de normas o reglamentos comunitarios en materia de derechos y deberes de la familia, quedando regularmente la mujer y la niñez desamparadas ante el abandono por parte del hombre de sus responsabilidades de padre.
Situación similar se presenta ante casos de violencia, abusos y violaciones, que no son denunciados ni sancionados, reforzando una situación grave de permanente impunidad. Es muy débil el papel de las instituciones educativas indígenas y de más de 200 maestros indígenas presentes en las comunidades, que permiten atender una cobertura en educación primaria cercana al 90%, que podrían acompañar a sus comunidades y Cabildos en la realización de censos y registro de documentos de identidad y en apoyar estrategias sencillas de protección en familia, en salud y producción, y en la práctica muy pocos apoyan. Falta entonces mayor compromiso y corresponsabilidad de las autoridades comunitarias, líderes y funcionarios comunitarios indígenas.
Es de alta prioridad un programa integral de familia, mujer y  primera infancia.
5.    Territorios jndígenas:
El territorio es parte fundamental de la sociedad y la cultura indígena, y una de las mayores aspiraciones de los nativos es gozar del derecho a territorios titulados como Resguardo, con áreas suficientes para la supervivencia, seguras y en paz. En las últimas dos décadas  se logró que el 75% de la población indígena gozara del derecho colectivo al territorio, mediante la titulación de 46 Resguardos, con una extensión aproximada a las 350.000 hectáreas; incluyendo la adquisición de más de 40.000 hectáreas de tierras de uso agrícola y agroforestal.
En coordinación con INCODER (antes INCORA) y apoyo de Corpourabá y Corantioquia, se están ajustando los trámites de constitución y ampliación de Resguardos para San Pedro de Urabá y Zaragoza, el Pando y el Tigre en Caucasia, Zoaibado en Nechí y la ampliación del Resguardo del Volao para incluir cinco comunidades Senú de Necoclí y Arboletes. Luego de culminar su aprobación de estos estudios por INCODER se logrará elevar al 85% la población indígena en Resguardo. Estos trámites deben completarse durante 2012.

Se requiere sanear los Resguardos de colonos para garantizar estabilidad en la posesión de los territorios indígenas. En algunas zonas se requiere: compras de tierras, programas de ordenamiento ambiental y social de los Resguardos y clarificación jurídica por presencia de derechos de terceros (propietarios con escrituras) en Resguardos, por errores en los estudios de conformación de los mismos por INCORA-INCODER.
La meta en titulación de Resguardos en el periodo 2012-2015 es lograr que un 97% de la población indígena disfrute de su derecho a vivir en Resguardos.
Tarea pendiente y urgente de los Indígenas: cumplir con la función social de la tierra: por la ley 89 de 1890 (artículo 7°), y por el Decreto 2164 de 1995, los Cabildos o Caciques como Autoridades indígenas deben entregar lotes de tierra a cada familia y no lo están haciendo con grave perjuicio del cumplimiento de sus derechos y deberes.
Se requieren acciones de ordenamiento social y ambiental de los territorios indígenas, para valorar su gran biodiversidad y buscar compensaciones a favor de las comunidades por sus servicios ambientales. Se hace urgente fortalecer el control de las autoridades indígenas sobre sus territorios con el apoyo de programas y proyectos de gestión ambiental y de promotores ambientales, entre otros.
Es una necesidad prioritaria los estudios y planes de ordenamiento, para el desarrollo territorial y gestión del territorio, planes de urbanísmo, espacio público, equipamentos comunitarios, vías, puentes y garruchas, y medios de comunicación.
6.       Producción, seguridad alimentaria, asociatividad y emprendimiento:
La situación alimentaria es bastante grave pues a nivel regional cerca de un 30% de las familias no tiene producción y en algunas comunidades dicho porcentaje se eleva a un 50%[2][3]. Esto significa que mínimo cerca de 1800 familias no tienen ninguna producción, lo que afecta una población aproximada a los cinco mil habitantes y una población infantil superior a los dos mil (2.000) niños y niñas. Un alto porcentaje de estas familias tienen como jefatura a madres cabeza de hogar que no cuentan con la mano de obra para establecer o mantener la producción en sus parcelas de pancoger ya que han sido abandonadas por sus compañeros y regularmente no tienen protección por la autoridad comunitaria (Cabildos). Un alto número de hombres cabeza de hogar abandona su parcela familiar y se dedica al jornaleo (incluso en lugares distantes en otros municipios), y en muchos casos destina gran parte de sus ingresos al consumo de bebidas alcohólicas y no lleva alimentos al hogar.
Hay debilidad de apoyo institucional, pero revisando los recursos invertidos en seguridad alimentaria, se concluye que están mal aplicados y mal controlados. Se requiere acción concertada suscribiendo acuerdos precisos con las familias y las autoridades indígenas para garantizar la superación de la inseguridad alimentaria.
La Gerencia Indígena en coordinación con el Comité de Cafeteros, Corantioquia y La Secretaría de Agricultura Departamental ha apoyado diversos programas y proyectos de producción y seguridad alimentaria en comunidades indígenas, a través de diferentes proyectos, asesoría y asistencia técnica, transferencia de tecnología, fomento productivo, entrega de herramientas, semillas y otros insumos, además ha apoyado procesos de asociatividad, transformación y comercialización de productos, tanto agrícolas como artesanales.
Existen actualmente grupos que trabajan con proyectos de emprendimiento  como los de Asopick en Jardín proyecto de café especial, asociación de  mujeres embera de Cristiania, trabaja artesanías de manera organizada, Asoimolas del la etnia Gunadule (Kunatule) grupo de mujeres que propende el trabajo y la comercialización de molas con diseños y productos innovadores. En Cáceres  hay una organización que trabaja artesanías en caña flecha y su principal producto son los sombreros vueltiaos, y un proyecto de floricultura en Valparaíso que producen variedad de flores exóticas, y un proyecto de cúrcuma.
Estos proyectos asociativos y de emprendimiento requieren apoyo, asesoramiento y financiamiento para su consolidación y proyección, con nuevos productos y nuevos mercados.
Se cuenta con un importante valor agregado en alianzas público-privadas–comunitarias-cooperación internacional, que hay que fortalecer y proyectar para el desarrollo indígena.
7.    Salud indígena:
Hay avance notable en el goce del derecho a la salud con enfoque diferencial, que beneficia un 90% de la población con aseguramiento en salud (26.000 indígenas) y un 85% de la misma afiliada la EPS-AIC (Asociación indígena del Cauca) e IPS-OIA (Ips organización Indígena de Antioquia). Falta la cobertura del 10% en aseguramiento y es necesario garantizar la cobertura en saneamiento básico y programas de “atención primaria en salud renovada” (APSR) para lograr atención con enfoque diferencial que permita la articulación de la medicina institucional y la medicina tradicional.
Se asesorará y apoyará a las autoridades y eps indígenas en la adecuación intercultural de los servicios de salud.  En esta dirección se fortalecerán las acciones que garanticen el aseguramiento general de la población indígena el cual debe completarse necesariamente de un programa integral de atención primaria en salud renovada –APSR- y de programas de entornos saludables, saneamiento básico (agua, manejo de aguas residuales y saneamiento)  y seguridad alimentaria, y un sistema de información diferencial de salud indígena.
En salud y saneamiento, las principales causas de morbilidad y mortalidad, están asociadas a enfermedades broncorespiratorias (Infección Respiratoria Aguda –IRA-, otras), enfermedades de origen hídrico y deficiente higiene (Enfermedad Diarreica Aguda –EDA-, parasitosis, otras), y desnutrición (aguda, severa, crónica). Han entrado las enfermedades por transmisión sexual, con particular riesgo como el VIH-SIDA, en algunas comunidades. Estas enfermedades se agravan por crisis de los conocimientos y prácticas de la medicina tradicional, bajas o deficientes coberturas en vacunación; ausencia de programas de agua potable, saneamiento e higiene; deficiente atención y adecuación de los programas de salud indígena a cargo de las Direcciones Locales de Salud y las EPS-IPSs prestadoras, a pesar de que cerca del 90% de la población indígena rural del Departamento está asegurada (26.000 asegurados de un total aproximado de 29.000).
El reciente fenómeno de suicidio en población indígena en algunas comunidades, amerita un programa de salud mental que permita visualizar las causas reales de la situación presentada llegando a un diagnóstico acertado con el tratamiento adecuado, valorando la particularidad cultural de las diferentes comunidades.
En la adecuación de la atención en salud debe identificarse con las autoridades y comunidades indígenas los conocimientos en salud tradicional pero también los problemas y conflictos asociados al Jaibanismo (shamán) emberá, llegando a una interacción de los conocimientos occidentales y ancestrales que conlleve a la atención integral de la salud física y mental de la comunidad indígena
Hacia la construcción de ese sistema de salud debemos procurar la articulación de los componentes citados pero adicionalmente, se debe acompañar de un sistema de evaluación y monitoreo en las diferentes acciones en salud indígena.  Luego de 10 años de la administración del aseguramiento en salud por la EPS - AIC indígena y por la IPS – OIA, se hace necesario evaluar los resultados de dicha experiencia con miras a sacar lecciones aprendidas y poder definir estrategias de mejoramiento en la atención de salud indígena. Igualmente, se requiere el fortalecimiento de las asociaciones de usuario y organismos de control comunitarios para vigilar la calidad de la salud comunitaria y en la misma dirección se requiere el apoyo y la intervención de las instancias de control de la salud entre ellas la Superintendencia de salud.
El objetivo entre 2012-2015 en salud indígena es lograr un aseguramiento en salud del 100%, establecer un programa de Atención Primaria en Salud Renovada –APSR-, y lograr una cobertura importante con agua potable y saneamiento.
8.      Educación indígena:
Hay avances importantes en educación indígena (etnoeducación) con 220 maestros indígenas en la mayoría de las comunidades, Proyectos Educativos Comunitarios –PEC- (equivale PEI Institucional) que permiten una atención en básica primaria cercana al 90%; hay cinco bachilleratos y un Programa de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra (este último convenio UDEA-OIA). Hay necesidad prioritaria de atender a la primera infancia, fortalecer cobertura, actualizar los PEC para la calidad y la pertinencia, fortalecer la oferta con formación para el trabajo, técnicas, tecnologías y universidad, y la construcción y dotación de cerca de 100 nuevas unidades educativas.
Cobertura: ha crecido considerablemente  el número de centros e instituciones de educación indígena (116 CERI y 4 IEI), el número de plazas docentes (220), y el número de estudiantes indígenas atendidos por el  servicio educativo (7200 al día de hoy). Aun así, hay zonas del Departamento, con una alta población desescolarizada. Se aspira que al año 2015 se supere la meta de 10.000 estudiantes indígenas escolarizados.
Pertinencia: la  revisión y ajuste  de los PEC (equivale PEI Institucional) por grupo étnico, ha permitido repensar el asunto de lo etno-educativo en el marco de la  pertinencia, como una estrategia educativa  que busca fortalecer los saberes tradicionales y que incorpora y permite la apropiación de los conocimientos de otras culturas (educación intercultural). Destacamos en ese aspecto, la revisión y ajuste de los  PEC, del pueblo Gunadule, el de los Senues y el del pueblo embera Chamí del suroeste. Además hay un avance muy significativo en la definición del alfabeto para escribir la lengua embera Chamí. Pese a esto y en lo que respecta a la pertinencia, es urgente avanzar en la consolidación  de un   modelo educativo acorde con las nuevas realidades, donde se haga una revisión exhaustiva de las practicas  pedagógicas, las metodologías, la  didáctica y la formación de los docentes. La meta es entonces, tener al 2015, los PEC, de todos los grupos étnicos en marcha y muy fortalecidos en su componente pedagógico, con pertinencia e   interculturalidad.
Infraestructura. Se reconocen los esfuerzos, que se han hecho en los últimos años para mejorar los ambientes escolares en comunidades indígenas, pues  al día de hoy, unos 10 establecimientos de educación indígena, presentan condiciones favorables para la labor pedagógica; pero en general las necesidades  en infraestructura escolar son apremiantes. Esperamos realizar las gestiones del caso, para que con la cofinanciación del MEN, SEDUCA, Municipios y Comunidades, se puedan construir en este cuatrienio, por lo menos 33 escuelas indígenas.
Calidad y eficiencia: por dinámica propia de algunos microcentros de educación indígena en el Departamento, reconocemos y valoramos algunas experiencias pedagógicas significativas, en lo referente a propuestas innovadoras en lo cultural, en la educación propia, producción de algunas materiales didácticos en lengua nativa y el interés de muchos docentes indígenas por cualificarse profesionalmente. Sin embargo los  resultados académicos en  los establecimientos educativos siguen siendo muy bajos y los niveles de estudiantes desertores y repitentes es muy alto, lo que amerita realizar investigaciones en la materia. La  meta sigue siendo la de elevar  el número de estudiantes promovidos en los diferentes niveles y grados de educación  básica y media y disminuir por los menos en un 50% la deserción y la repitencia  en los CREI e IEI de Antioquia.

Educación superior y  cualificación de actores educativos. A pesar de que este es uno de los niveles educativos con menor cobertura en comunidades indígenas, resaltamos  el esfuerzo propio de muchos líderes y docentes, que se han formado  y se siguen formando en Etnoeducación en el IMA (Instituto Misionero Antropológico-UPB). Ha tenido un importante avance el Programa de educación Indígena de la Organización Indígena de Antioquia –OIA- con la conformación del Instituto de Educación Indígena –INDEI- y la formulación y aprobación por el Ministerio Educación  del Programa de licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra (este último convenio UDEA-OIA)..  En los últimos años instituciones de educación superior y formación para el trabajo como el SENA, COREDI, EL TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA Y EL POLITECNICO JAIME IZAZA CADAVID, vienen ofreciendo en zona, programas de formación técnica y tecnológica, donde se vienen formando 90 jóvenes indígenas. Ante la demanda de mas bachilleres indígenas frente a estos programas, aspiramos en estos cuatro años, graduar por lo menos 300 jóvenes indígenas, en carreras técnicas, tecnológicas y o profesionales de acuerdo al  contexto  y a  las necesidades de cada región.
En la mesa de Educación Indígena departamental con participación de OIA-INDEI se está estudiando la propuesta de la OIA para administrar directamente la educación indígena de Antioquia.
Se aspira a construir con las comunidades, autoridades, instituciones educativas y entidades del sector una propuesta educativa y cultural en armonía con el Plan de Desarrollo “Antioquia la más educada”, y contribuir a que en los indígenas la educación también se convierta en un motor de transformación, innovación y emprendimiento para mejorar calidad de vida  e identidad cultural.
Aportes comunitarios en la cultura, historia y la recreación: en los últimos años por iniciativa de líderes y maestros indígenas se ha animado la creación o fortalecimiento de grupos de música, danza y de historias y relatos tradicionales, con participación de las comunidades pero integrados mayoritariamente por jóvenes, que han enriquecido la vida y cultura comunitarias y que han ofrecido opciones lúdicas y creativas para cientos de jóvenes. Es interesante observar en estos grupos su interés en la recuperación o fortalecimiento de expresiones culturales autóctonas, en ensayar y apropiar expresiones interculturales, y en ambos casos logran expresiones artísticas de alta calidad. A través de un trabajo coordinado entre la Gerencia Indígena y el Instituto de Cultura se ha organizado la participación de los grupos artísticos indígenas en los eventos zonales y departamentales de Antioquia vive la música y la danza, logrando presentar y destacar sus culturas y sus calidades artísticas. En octubre de 2011 durante el Mes de las Identidades los grupos culturales indígenas hicieron un gran cierre cultural en el Teatro Lido de Medellín con la participación de otros grupos Afro y Urbanos. Se realizaron grabaciones de CD y videos de la música y la danza indígenas, pero se requiere darle  mayor proyección a la divulgación y comunicación de las expresiones culturales indígenas.
Los grupos culturales indígenas trabajan por esfuerzo propio y en condiciones muy precarias, por lo que se requiere de brindar apoyo institucional con nombramiento de maestros dedicados al apoyo cultural y facilitar estímulos a los artistas y gestores culturales con becas y cargos de monitores comunitarios, y construcción y dotación de sedes culturales nativas.
Emisoras indígenas: por iniciativa comunitaria se constituyeron las emisoras comunitarias de Cristianía (Jardín) y Apartadó. Han hecho intentos precarios de divulgación cultural pero han estado huérfanas en asesoría y apoyo para su adecuada proyección y funcionamiento. Se hace necesario acordar con las Autoridades indígenas la proyección de dichas emisoras hacia estrategias educativas y culturales comunitarias, garantizándoles el apoyo básico necesario.
9.      Vivienda y saneamiento básico y espacio público:
La cobertura en agua potable y saneamiento básico no llega al 10% de la población y afecta directamente por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) el indicador de alta pobreza. Todos los servicios son necesarios, pero se pueden priorizar, el agua potable es necesaria para la vida y la podemos encontrar en algunas comunidades indígenas ya que cuentan con  recursos hídricos que no llegan hasta los hogares, sin embargo en estos casos el saneamiento básico es su gran debilidad, pues contaminan las aguas limpias y afectan la salud de las personas.
Es necesario instruir y capacitar en los manejos de los recursos naturales y del medio ambiente, ya que la tala de árboles indiscriminada acaba con las fuentes de agua.  La madera normalmente es utilizada como fuente de energía para cocción de alimento e iluminación nocturna, lo importante sería encontrar formas de energía alternativa y limpia para estas comunidades.
La vivienda es precaria en los últimos años debido al aumento de población y disminución de los recursos de maderas y palmas (techos). Se requiere el diseño de modelos viables alternativos para vivienda donde se contemple la solución de agua potable y saneamiento básico.
Debe tenerse presente que la vivienda en todas las comunidades se ha construido por autoconstrucción, y la pérdida de algunos insumos de construcción no debe propiciar el paternalismo  y se deben fortalecer los procesos de autogestión y autoconstrucción en la construcción de vivienda nueva y en el mejoramiento de viviendas, garantizando el compromiso del Estado y los aportes comunitarios y familiares.
10.   Afectación por el conflicto armado interno:
Los grupos armados ilegales afectan gravemente la tranquilidad y estabilidad de las comunidades al robar su productos agrícolas y recursos de caza y pesca, por el reclutamiento forzado de jóvenes, y porque contra la voluntad de cabildos y comunidades ocupan los lugares civiles de vivienda o escuelas, imponen restricciones a la movilidad de la población, y recurren a la amenaza y asesinato de líderes, poniendo en peligro la vida e integridad de las personas y violando el derecho internacional humanitario –DIH-. Así muchas comunidades viven entre el riesgo del desplazamiento forzado y el confinamiento forzado. Ligados a estos, hay presión de la delincuencia común asociada al narcotráfico y de grupos ilegales para involucrar a personas indígenas en siembra de cultivos ilícitos y actividades de apoyo a los mismos, que los Cabildos y autoridades indígenas rechazan y condenan totalmente, y no están de acuerdo con dichas actividades en ninguna comunidad. Peligrosamente avanzan los cultivos ilícitos de coca en Resguardos indígenas. Este asedio de los grupos ilegales y bandas criminales someten a situaciones de riesgo o desplazamiento forzado, y colocan en riesgo la integridad social y cultural de las comunidades indígenas. Frente a dicha situación la Corte Constitucional emitió el Auto 004 de 2009, que obliga al Ministerio del Interior a concertar con los pueblos indígenas, a través de la Consulta Previa, un Plan de Salvaguarda y un Programa de Garantías: ambas ordenes están terminando su consulta en junio de 2012 y sus acuerdos con las instituciones deben integrarse en los planes de desarrollo departamental y municipales.
Las relaciones entre las Autoridades Indígenas y las Fuerzas militares se rigen por la Directiva N° 16[4] de 2004 del Ministerio de la Defensa, por lo que las fuerzas militares han declarado ser respetuosas de la Autonomía y de la Autoridad indígena,  y de no involucrar a la población indígena en ninguna actividad de tipo militar, y que en su tránsito por los territorios indígenas no les generen daños colaterales. La Directriz es clara: cero tolerancia con las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario –DIH-. Cualquier acción de las Fuerzas Armadas que implique recorridos por zonas indígenas, será informada y coordinada con las Autoridades Indígenas, de tal manera que no afecte la población indígena ni sus áreas de vida civil y religiosa. Frente al desplazamiento forzado o al riesgo del mismo, en el marco del Comité Local de Atención Integral al Desplazamiento –CLAIP- o en los nuevos Comités de Justicia Transicional –CJT- que se establezcan, se coordinará con los Cabildos y la Asociación de Autoridades Indígenas –OIA- las acciones más adecuadas o pertinentes, para apoyar a la población en riesgo, y definiendo y acordando la viabilidad de localización de la población en “Zonas de Refugio” definidas por OIA y las comunidades, u otras alternativas.





[1] Gerencia Indígena en Convenio con Cabildo Indígena de Cristianía: censo de comunidades indígenas de Antioquia, 2011.

[2] Este dato se ha obtenido mediante consulta a  líderes comunitarios indígenas.

[4] La formulación de la Directiva N° 16 de Mindefensa contó con la asesoría de la ONU.