|
1.
LA
POBLACIÓN Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE ANTIOQUIA:
En Antioquia habitan más de
34.000 indígenas[1], de los cuales 29.200 pertenecen a los pueblos indígenas
tradicionales Emberá (Eyabida, Chamí y Dobida), Gunadule (Tulekuna) y Senú, con
6.000 familias, que habitan en la zona rural. De esta población 14.849 son
mujeres (48%) y 15.103 hombres (52%). Hay cerca de 160 comunidades rurales,
en 31 municipios, la mayoría localizada en Urabá, occidente, suroeste y Bajo
Cauca. La población indígena rural se duplicó entre 1993 y 2010, pasando de
14.186 (censo DANE) a 28.300 (censo Gerencia Indígena). 1750 indígenas
habitan áreas urbanas de Arboletes y Bajo Cauca y se observa un aumento de
indígenas Embera en las cabeceras de Mutatá y Dabeiba. En Medellín y Bello, área metropolitana,
habitan 3.300 indígenas procedentes de diversas regiones colombianas y
Ecuador. En los últimos años han llegado 800 indígenas afectados por desplazamiento
forzado a Medellín; y se presenta el problema de la mendicidad en temporadas
festivas de cerca de 150 o 200 indígenas procedentes del Chocó, actividad
asociada con trata de personas.
Grupo étnico Room (Gitano): son
aproximadamente 70 personas organizadas alrededor de su Kumpania y se ubican
en el municipio de Envigado, actualmente se dedican a la talabartería y a la
compra y venta de caballos.
|
|
2.
Derechos indígenas, Plan de Desarrollo
“Antioquia la más educada”, mandatos de la Corte Constitucional:
Los pueblos indígenas y Rom (Gitano) gozan del reconocimiento de
sus derechos fundamentales y el Estado tiene el deber de proteger y
fortalecer la diversidad étnica y cultural de la Nación. Antioquia es líder
en la garantía de los derechos indígenas, mediante la política pública
indígena Departamental, que fue concertada con la Organización Indígena de
Antioquia –OIA- y aprobada por ordenanza 32 de 2004. En este marco de
derechos, se debe destacar la medida extraordinaria del Auto 004 de la Corte
Constitucional, considerando la afectación indígena por pobreza y
marginalidad o por situación o riesgo de desplazamiento forzado en el marco
del conflicto interno, que exigió vía consulta previa concertar un Programa
de Garantías y Planes de Salvaguarda de fortalecimiento étnico para los pueblos y población indígena de Antioquia.
Estos planes deben quedar integrados en los Planes de Desarrollo Municipales
y Departamentales.
|
|
3.
Organización y autoridades indígenas de
Antioquia:
Hay 160 comunidades indígenas
unidas en su autoridad local de Cabildo o Cacique, articuladas en 16 cabildos
mayores municipales y asociadas en la Organización Indígena de Antioquia
–OIA-, que ejercen su autonomía, su autoridad y jurisdicción especial, y
gozan de reconocimiento y apoyo institucional. Se requiere apoyo
institucional en: actualizar Planes de Vida (planes internos según
aspiraciones de desarrollo propias) y manejo de transferencias de nación a
Resguardos –SGP-; participar en planes desarrollo municipal y departamental y
apoyo jurisdicción indígena en coordinación jurisdicción ordinaria. Se
requiere fortalecer la coordinación y financiación institucional de la
Política Pública Indígena (transversalidad) y la concertación con la OIA y
las autoridades indígenas. Adicionalmente, las autoridades indígenas requieren
de construcción, adecuación y dotación de las Sedes comunitarias,
especialmente municipales, que cumplen funciones administrativas y de
beneficio comunitario para los indígenas que llegan de lugares distantes y
esta es su posibilidad de albergue. Adicionalmente, las autoridades
municipales e indígenas requieren de apoyo para formular, financiar o
cofinanciar los proyectos de desarrollo comunitarios indígenas.
|
|
4.
Familia indígena y equidad de género:
La familia es la base social y
cultural de la sociedad, y la mujer y niñez son el grupo más afectado por
exclusión y violencias en las comunidades indígenas. También es el grupo que
está más privado de los avances en conocimientos y lecciones aprendidas a
nivel internacional y local (Medellín) en políticas de familia e infancia.
Hay casos notables de avances y empoderamiento de la mujer, como en
karmatarua (Cristianía–Jardín) y Urabá, pero predomina a nivel regional la
violencia y la impunidad contra las mujeres y los niños. Hacia la construcción
de alternativas se debe valorar y fortalecer los programas de familia, niñez
y equidad de género con la activa participación de las liderezas, grupos
organizados de mujeres y autoridades indígenas.
Los principales problemas asociados a la familia: violencia
intrafamiliar, abuso y violaciones sexuales, abandono de los niños y niñas,
maternidad y paternidad precoz desde los 12 años en los Emberákatios;
abandono de la jefatura del hogar, principalmente del hombre, sin cumplir con
las responsabilidades con la familia; y problemas asociados a la crianza,
entre otros. Un alto porcentaje de estas familias tienen como jefatura a
madres cabeza de hogar que no cuentan con la mano de obra para establecer o
mantener la producción en sus parcelas de pancoger ya que han sido
abandonadas por sus compañeros y regularmente no tienen protección por la
autoridad comunitaria (Cabildos). Un alto número de hombres cabeza de hogar
abandona su parcela familiar y se dedica al jornaleo (incluso en lugares
distantes en otros municipios), y en muchos casos destina gran parte de sus
ingresos al consumo de bebidas alcohólicas y no lleva alimentos al hogar.
Forma parte de esta compleja problemática la crisis de la autoridad
y de las normas comunitarias, donde se observa la debilidad o la ausencia de
normas o reglamentos comunitarios en materia de derechos y deberes de la
familia, quedando regularmente la mujer y la niñez desamparadas ante el
abandono por parte del hombre de sus responsabilidades de padre.
Situación similar se presenta ante casos de violencia, abusos y
violaciones, que no son denunciados ni sancionados, reforzando una situación
grave de permanente impunidad. Es muy débil el papel de las instituciones educativas
indígenas y de más de 200 maestros indígenas presentes en las comunidades,
que permiten atender una cobertura en educación primaria cercana al 90%, que
podrían acompañar a sus comunidades y Cabildos en la realización de censos y
registro de documentos de identidad y en apoyar estrategias sencillas de
protección en familia, en salud y producción, y en la práctica muy pocos
apoyan. Falta entonces mayor compromiso y corresponsabilidad de las
autoridades comunitarias, líderes y funcionarios comunitarios indígenas.
Es de alta prioridad un programa integral de
familia, mujer y primera infancia.
|
|
5.
Territorios jndígenas:
El territorio es parte
fundamental de la sociedad y la cultura indígena, y una de las mayores
aspiraciones de los nativos es gozar del derecho a territorios titulados como
Resguardo, con áreas suficientes para la supervivencia, seguras y en paz. En
las últimas dos décadas se logró que
el 75% de la población indígena gozara del derecho colectivo al territorio,
mediante la titulación de 46 Resguardos, con una extensión aproximada a las
350.000 hectáreas; incluyendo la adquisición de más de 40.000 hectáreas de
tierras de uso agrícola y agroforestal.
En coordinación con INCODER
(antes INCORA) y apoyo de Corpourabá y Corantioquia, se están ajustando los
trámites de constitución y ampliación de Resguardos para San Pedro de Urabá y
Zaragoza, el Pando y el Tigre en Caucasia, Zoaibado en Nechí y la ampliación
del Resguardo del Volao para incluir cinco comunidades Senú de Necoclí y
Arboletes. Luego de culminar su aprobación de estos estudios por INCODER se
logrará elevar al 85% la población indígena en Resguardo. Estos trámites
deben completarse durante 2012.
Se requiere sanear los
Resguardos de colonos para garantizar estabilidad en la posesión de los
territorios indígenas. En algunas zonas se requiere: compras de tierras,
programas de ordenamiento ambiental y social de los Resguardos y
clarificación jurídica por presencia de derechos de terceros (propietarios
con escrituras) en Resguardos, por errores en los estudios de conformación de
los mismos por INCORA-INCODER.
La meta en titulación de Resguardos en el periodo
2012-2015 es lograr que un 97% de la población indígena disfrute de su
derecho a vivir en Resguardos.
Tarea pendiente y urgente de los Indígenas: cumplir
con la función social de la tierra: por la ley 89 de 1890 (artículo 7°), y
por el Decreto 2164 de 1995, los Cabildos o Caciques como Autoridades
indígenas deben entregar lotes de tierra a cada familia y no lo están
haciendo con grave perjuicio del cumplimiento de sus derechos y deberes.
Se requieren acciones de
ordenamiento social y ambiental de los territorios indígenas, para valorar su
gran biodiversidad y buscar compensaciones a favor de las comunidades por sus
servicios ambientales. Se hace urgente fortalecer el control de las
autoridades indígenas sobre sus territorios con el apoyo de programas y
proyectos de gestión ambiental y de promotores ambientales, entre otros.
Es una necesidad prioritaria los
estudios y planes de ordenamiento, para el desarrollo territorial y gestión
del territorio, planes de urbanísmo, espacio público, equipamentos
comunitarios, vías, puentes y garruchas, y medios de comunicación.
|
|
6. Producción,
seguridad alimentaria, asociatividad y emprendimiento:
La situación alimentaria es
bastante grave pues a nivel regional cerca de un 30% de las familias no tiene
producción y en algunas comunidades dicho porcentaje se eleva a un 50%[2][3]. Esto significa que mínimo cerca de 1800 familias no tienen
ninguna producción, lo que afecta una población aproximada a los cinco mil
habitantes y una población infantil superior a los dos mil (2.000) niños y
niñas. Un alto porcentaje de estas familias tienen como jefatura a madres
cabeza de hogar que no cuentan con la mano de obra para establecer o mantener
la producción en sus parcelas de pancoger ya que han sido abandonadas por sus
compañeros y regularmente no tienen protección por la autoridad comunitaria
(Cabildos). Un alto número de hombres cabeza de hogar abandona su parcela
familiar y se dedica al jornaleo (incluso en lugares distantes en otros
municipios), y en muchos casos destina gran parte de sus ingresos al consumo
de bebidas alcohólicas y no lleva alimentos al hogar.
Hay debilidad de apoyo
institucional, pero revisando los recursos invertidos en seguridad
alimentaria, se concluye que están mal aplicados y mal controlados. Se
requiere acción concertada suscribiendo acuerdos precisos con las familias y
las autoridades indígenas para garantizar la superación de la inseguridad
alimentaria.
La Gerencia Indígena en coordinación con el
Comité de Cafeteros, Corantioquia y La Secretaría de Agricultura
Departamental ha apoyado diversos programas y proyectos de producción y
seguridad alimentaria en comunidades indígenas, a través de diferentes
proyectos, asesoría y asistencia técnica, transferencia de tecnología,
fomento productivo, entrega de herramientas, semillas y otros insumos, además
ha apoyado procesos de asociatividad, transformación y comercialización de
productos, tanto agrícolas como artesanales.
Existen actualmente grupos que trabajan con
proyectos de emprendimiento como los
de Asopick en Jardín proyecto de café especial, asociación de mujeres embera de Cristiania, trabaja
artesanías de manera organizada, Asoimolas del la etnia Gunadule (Kunatule) grupo
de mujeres que propende el trabajo y la comercialización de molas con diseños
y productos innovadores. En Cáceres
hay una organización que trabaja artesanías en caña flecha y su
principal producto son los sombreros vueltiaos, y un proyecto de floricultura
en Valparaíso que producen variedad de flores exóticas, y un proyecto de
cúrcuma.
Estos proyectos asociativos y de
emprendimiento requieren apoyo, asesoramiento y financiamiento para su
consolidación y proyección, con nuevos productos y nuevos mercados.
Se cuenta con un importante valor agregado en
alianzas público-privadas–comunitarias-cooperación internacional, que hay que
fortalecer y proyectar para el desarrollo indígena.
7.
Salud indígena:
Hay avance notable en el goce
del derecho a la salud con enfoque diferencial, que beneficia un 90% de la
población con aseguramiento en salud (26.000 indígenas) y un 85% de la misma
afiliada
Se asesorará y apoyará a las
autoridades y eps indígenas en la adecuación intercultural de los servicios
de salud. En esta dirección se
fortalecerán las acciones que garanticen el aseguramiento general de la
población indígena el cual debe completarse necesariamente de un programa
integral de atención primaria en salud renovada –APSR- y de programas de
entornos saludables, saneamiento básico (agua, manejo de aguas residuales y
saneamiento) y seguridad alimentaria,
y un sistema de información diferencial de salud indígena.
En salud y saneamiento, las principales causas de morbilidad y
mortalidad, están asociadas a enfermedades broncorespiratorias (Infección
Respiratoria Aguda –IRA-, otras), enfermedades de origen hídrico y deficiente
higiene (Enfermedad Diarreica Aguda –EDA-, parasitosis, otras), y
desnutrición (aguda, severa, crónica). Han entrado las enfermedades por
transmisión sexual, con particular riesgo como el VIH-SIDA, en algunas comunidades.
Estas enfermedades se agravan por crisis de los conocimientos y prácticas de
la medicina tradicional, bajas o deficientes coberturas en vacunación;
ausencia de programas de agua potable, saneamiento e higiene; deficiente
atención y adecuación de los programas de salud indígena a cargo de las
Direcciones Locales de Salud y las EPS-IPSs prestadoras, a pesar de que cerca
del 90% de la población indígena rural del Departamento está asegurada
(26.000 asegurados de un total aproximado de 29.000).
El reciente fenómeno de suicidio
en población indígena en algunas comunidades, amerita un programa de salud
mental que permita visualizar las causas reales de la situación presentada
llegando a un diagnóstico acertado con el tratamiento adecuado, valorando la
particularidad cultural de las diferentes comunidades.
En la adecuación de la atención
en salud debe identificarse con las autoridades y comunidades indígenas los
conocimientos en salud tradicional pero también los problemas y conflictos
asociados al Jaibanismo (shamán) emberá, llegando a una interacción de los
conocimientos occidentales y ancestrales que conlleve a la atención integral
de la salud física y mental de la comunidad indígena
Hacia la construcción de ese
sistema de salud debemos procurar la articulación de los componentes citados
pero adicionalmente, se debe acompañar de un sistema de evaluación y
monitoreo en las diferentes acciones en salud indígena. Luego de 10 años de la administración del
aseguramiento en salud por la EPS - AIC indígena y por la IPS – OIA, se hace
necesario evaluar los resultados de dicha experiencia con miras a sacar
lecciones aprendidas y poder definir estrategias de mejoramiento en la
atención de salud indígena. Igualmente, se requiere el fortalecimiento de las
asociaciones de usuario y organismos de control comunitarios para vigilar la
calidad de la salud comunitaria y en la misma dirección se requiere el apoyo
y la intervención de las instancias de control de la salud entre ellas la
Superintendencia de salud.
El objetivo entre 2012-2015 en
salud indígena es lograr un aseguramiento en salud del 100%, establecer un
programa de Atención Primaria en Salud Renovada –APSR-, y lograr una
cobertura importante con agua potable y saneamiento.
|
|
8.
Educación indígena:
Hay avances importantes en educación indígena
(etnoeducación) con 220 maestros indígenas en la mayoría de las comunidades,
Proyectos Educativos Comunitarios –PEC- (equivale PEI Institucional) que
permiten una atención en básica primaria cercana al 90%; hay cinco bachilleratos
y un Programa de licenciatura en Pedagogía de
Cobertura: ha crecido
considerablemente el número de centros
e instituciones de educación indígena (116 CERI y 4 IEI), el número de plazas
docentes (220), y el número de estudiantes indígenas atendidos por el servicio educativo (7200 al día de hoy).
Aun así, hay zonas del Departamento, con una alta población desescolarizada.
Se aspira que al año 2015 se supere la meta de 10.000 estudiantes indígenas
escolarizados.
Pertinencia: la revisión y ajuste de los PEC (equivale PEI Institucional) por
grupo étnico, ha permitido repensar el asunto de lo etno-educativo en el
marco de la pertinencia, como una
estrategia educativa que busca
fortalecer los saberes tradicionales y que incorpora y permite la apropiación
de los conocimientos de otras culturas (educación intercultural). Destacamos
en ese aspecto, la revisión y ajuste de los
PEC, del pueblo Gunadule, el de los Senues y el del pueblo embera
Chamí del suroeste. Además hay un avance muy significativo en la definición
del alfabeto para escribir la lengua embera Chamí. Pese a esto y en lo que
respecta a la pertinencia, es urgente avanzar en la consolidación de un
modelo educativo acorde con las nuevas realidades, donde se haga una
revisión exhaustiva de las practicas
pedagógicas, las metodologías, la
didáctica y la formación de los docentes. La meta es entonces, tener
al 2015, los PEC, de todos los grupos étnicos en marcha y muy fortalecidos en
su componente pedagógico, con pertinencia e
interculturalidad.
Infraestructura. Se reconocen los esfuerzos, que
se han hecho en los últimos años para mejorar los ambientes escolares en
comunidades indígenas, pues al día de
hoy, unos 10 establecimientos de educación indígena, presentan condiciones
favorables para la labor pedagógica; pero en general las necesidades en infraestructura escolar son apremiantes.
Esperamos realizar las gestiones del caso, para que con la cofinanciación del
MEN, SEDUCA, Municipios y Comunidades,
se puedan construir en este cuatrienio, por lo menos 33 escuelas indígenas.
Calidad y eficiencia: por dinámica propia de algunos
microcentros de educación indígena en el Departamento, reconocemos y
valoramos algunas experiencias pedagógicas significativas, en lo referente a
propuestas innovadoras en lo cultural, en la educación propia, producción de
algunas materiales didácticos en lengua nativa y el interés de muchos
docentes indígenas por cualificarse profesionalmente. Sin embargo los resultados académicos en los establecimientos educativos siguen
siendo muy bajos y los niveles de estudiantes desertores y repitentes es muy
alto, lo que amerita realizar investigaciones en la materia. La meta sigue siendo la de elevar el número de estudiantes promovidos en los
diferentes niveles y grados de educación
básica y media y disminuir por los menos en un 50% la deserción y la
repitencia en los CREI e IEI de
Antioquia.
Educación superior y cualificación de actores educativos. A pesar de que este es uno de
los niveles educativos con menor cobertura en comunidades indígenas,
resaltamos el esfuerzo propio de
muchos líderes y docentes, que se han formado
y se siguen formando en Etnoeducación en el IMA (Instituto Misionero
Antropológico-UPB). Ha tenido un importante avance el
Programa de educación Indígena de la Organización Indígena de Antioquia –OIA-
con la conformación del Instituto de Educación Indígena –INDEI- y la formulación
y aprobación por el Ministerio Educación
del Programa de licenciatura en Pedagogía de
En la mesa de Educación Indígena
departamental con participación de OIA-INDEI se está estudiando la propuesta
de la OIA para administrar directamente la educación indígena de Antioquia.
Se aspira a construir con las
comunidades, autoridades, instituciones educativas y entidades del sector una
propuesta educativa y cultural en armonía con el Plan de Desarrollo
“Antioquia la más educada”, y contribuir a que en los indígenas la educación
también se convierta en un motor de transformación, innovación y
emprendimiento para mejorar calidad de vida
e identidad cultural.
Aportes comunitarios en la cultura, historia y la recreación: en los últimos años por iniciativa de líderes y maestros
indígenas se ha animado la creación o fortalecimiento de grupos de música,
danza y de historias y relatos tradicionales, con participación de las
comunidades pero integrados mayoritariamente por jóvenes, que han enriquecido
la vida y cultura comunitarias y que han ofrecido opciones lúdicas y
creativas para cientos de jóvenes. Es interesante observar en estos grupos su
interés en la recuperación o fortalecimiento de expresiones culturales
autóctonas, en ensayar y apropiar expresiones interculturales, y en ambos
casos logran expresiones artísticas de alta calidad. A través de un trabajo
coordinado entre la Gerencia Indígena y el Instituto de Cultura se ha
organizado la participación de los grupos artísticos indígenas en los eventos
zonales y departamentales de Antioquia vive la música y la danza, logrando
presentar y destacar sus culturas y sus calidades artísticas. En octubre de 2011
durante el Mes de las Identidades los
grupos culturales indígenas hicieron un gran cierre cultural en el Teatro
Lido de Medellín con la participación de otros grupos Afro y Urbanos. Se
realizaron grabaciones de CD y videos de la música y la danza indígenas, pero
se requiere darle mayor proyección a
la divulgación y comunicación de las expresiones culturales indígenas.
Los grupos culturales indígenas
trabajan por esfuerzo propio y en condiciones muy precarias, por lo que se
requiere de brindar apoyo institucional con nombramiento de maestros
dedicados al apoyo cultural y facilitar estímulos a los artistas y gestores
culturales con becas y cargos de monitores comunitarios, y construcción y
dotación de sedes culturales nativas.
Emisoras indígenas: por iniciativa
comunitaria se constituyeron las emisoras comunitarias de Cristianía (Jardín)
y Apartadó. Han hecho intentos precarios de divulgación cultural pero han
estado huérfanas en asesoría y apoyo para su adecuada proyección y
funcionamiento. Se hace necesario acordar con las Autoridades indígenas la
proyección de dichas emisoras hacia estrategias educativas y culturales
comunitarias, garantizándoles el apoyo básico necesario.
|
|
9.
Vivienda y saneamiento básico y espacio público:
La cobertura en agua potable y
saneamiento básico no llega al 10% de la población y afecta directamente por
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) el indicador de alta pobreza. Todos los servicios son necesarios, pero se pueden
priorizar, el agua potable es necesaria para la vida y la podemos encontrar
en algunas comunidades indígenas ya que cuentan con recursos hídricos que no llegan hasta los
hogares, sin embargo en estos casos el saneamiento básico es su gran
debilidad, pues contaminan las aguas limpias y afectan la salud de las
personas.
Es necesario
instruir y capacitar en los manejos de los recursos naturales y del medio
ambiente, ya que la tala de árboles indiscriminada acaba con las fuentes de
agua. La madera normalmente es
utilizada como fuente de energía para cocción de alimento e iluminación
nocturna, lo importante sería encontrar formas de energía alternativa y
limpia para estas comunidades.
La vivienda es precaria en los
últimos años debido al aumento de población y disminución de los recursos de
maderas y palmas (techos). Se requiere el diseño de modelos viables
alternativos para vivienda donde se contemple la solución de agua potable y
saneamiento básico.
Debe tenerse presente que la
vivienda en todas las comunidades se ha construido por autoconstrucción, y la
pérdida de algunos insumos de construcción no debe propiciar el paternalismo y se deben fortalecer los procesos de
autogestión y autoconstrucción en la construcción de vivienda nueva y en el
mejoramiento de viviendas, garantizando el compromiso del Estado y los aportes
comunitarios y familiares.
10. Afectación por el conflicto armado interno:
Los grupos armados ilegales
afectan gravemente la tranquilidad y estabilidad de las comunidades al robar
su productos agrícolas y recursos de caza y pesca, por el reclutamiento
forzado de jóvenes, y porque contra la voluntad de cabildos y comunidades
ocupan los lugares civiles de vivienda o escuelas, imponen restricciones a la
movilidad de la población, y recurren a la amenaza y asesinato de líderes,
poniendo en peligro la vida e integridad de las personas y violando el
derecho internacional humanitario –DIH-. Así muchas comunidades viven entre
el riesgo del desplazamiento forzado y el confinamiento forzado. Ligados a
estos, hay presión de la delincuencia común asociada al narcotráfico y de
grupos ilegales para involucrar a personas indígenas en siembra de cultivos
ilícitos y actividades de apoyo a los mismos, que los Cabildos y autoridades
indígenas rechazan y condenan totalmente, y no están de acuerdo con dichas
actividades en ninguna comunidad. Peligrosamente avanzan los cultivos
ilícitos de coca en Resguardos indígenas. Este asedio de los grupos ilegales
y bandas criminales someten a situaciones de riesgo o desplazamiento forzado,
y colocan en riesgo la integridad social y cultural de las comunidades
indígenas. Frente a dicha situación la
Corte Constitucional emitió el Auto 004 de 2009, que obliga al Ministerio
del Interior a concertar con los pueblos indígenas, a través de la Consulta
Previa, un Plan de Salvaguarda y un Programa de Garantías: ambas ordenes
están terminando su consulta en junio de 2012 y sus acuerdos con las
instituciones deben integrarse en los planes de desarrollo departamental y
municipales.
Las relaciones entre las Autoridades Indígenas y las
Fuerzas militares se rigen por la Directiva N° 16[4]
de 2004 del Ministerio de la Defensa, por lo que las fuerzas militares han
declarado ser respetuosas de la Autonomía y de la Autoridad indígena, y de no involucrar a la población indígena
en ninguna actividad de tipo militar, y que en su tránsito por los
territorios indígenas no les generen daños colaterales. La Directriz es
clara: cero tolerancia con las violaciones a los derechos humanos y el
Derecho Internacional Humanitario –DIH-. Cualquier acción de las Fuerzas
Armadas que implique recorridos por zonas indígenas, será informada y
coordinada con las Autoridades Indígenas, de tal manera que no afecte la población
indígena ni sus áreas de vida civil y religiosa. Frente al desplazamiento
forzado o al riesgo del mismo, en el marco del Comité Local de Atención
Integral al Desplazamiento –CLAIP- o en los nuevos Comités de Justicia
Transicional –CJT- que se establezcan,
se coordinará con los Cabildos y la Asociación de Autoridades Indígenas –OIA-
las acciones más adecuadas o pertinentes, para apoyar a la población en
riesgo, y definiendo y acordando la viabilidad de localización de la
población en “Zonas de Refugio” definidas por OIA y las comunidades, u otras
alternativas.
|
[1] Gerencia Indígena en Convenio con Cabildo Indígena de Cristianía:
censo de comunidades indígenas de Antioquia, 2011.
[2] Este dato se ha obtenido mediante consulta a líderes comunitarios indígenas.
[4] La formulación de la Directiva N° 16 de Mindefensa contó con la
asesoría de la ONU.
No hay comentarios:
Publicar un comentario